PARA PREVENIR RIESGOS SANITARIOS Y DE SEGURIDAD
Alberto Martín Perea Marrufo enfatizó que habrá cero tolerancia a cobros indebidos, abusos de autoridad o cualquier conducta irregular del personal penitenciario; las denuncias serán investigadas y, de acreditarse responsabilidades, se aplicarán sanciones.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) reforzó las medidas de control sanitario y de seguridad en el Centro de Reinserción Social (CERESO) de Tlaxcala para prevenir contagios, evitar riesgos a la salud de las Personas Privadas de la Libertad (PPL) e impedir el ingreso de objetos y sustancias prohibidas, informó el titular de la dependencia, Alberto Martín Perea Marrufo.
El secretario explicó que las disposiciones incluyen controles en las visitas, uso de cubrebocas, restricciones en la cantidad de alimentos que pueden ingresar y revisiones más estrictas a familiares y abogados, como parte de la aplicación de la normatividad penitenciaria.
Perea Marrufo señaló que, aunque hasta el momento no se han registrado casos de sarampión al interior del CERESO, las medidas sanitarias se mantienen ante el riesgo de enfermedades respiratorias y otros padecimientos que, por las características de un centro penitenciario, podrían propagarse con rapidez.
“Si no seguimos las reglas de sanidad, estaríamos hablando de un problema”, señaló al explicar que el objetivo es reducir cualquier posibilidad de contagio y proteger la salud de la población penitenciaria.
Respecto al ingreso de alimentos, precisó que se limitaron las cantidades debido a que las PPL no cuentan con condiciones adecuadas para conservar comida durante varios días, lo que puede provocar su descomposición y derivar en enfermedades gastrointestinales.
A ello se suma el fortalecimiento de las revisiones de acceso, luego de que se detectaran intentos por introducir teléfonos celulares y sustancias ilícitas ocultas incluso dentro de alimentos y postres. En estos casos, indicó, las personas involucradas son detenidas y puestas a disposición de la autoridad competente.
El titular de la SSC sostuvo que estas medidas forman parte de una política para fortalecer el orden y eliminar prácticas contrarias a la normatividad penitenciaria, aun cuando su aplicación haya generado inconformidades entre algunos familiares y abogados.
Perea Marrufo agregó que recientemente se realizaron supervisiones a las condiciones del centro penitenciario, particularmente en materia de alimentación, higiene y sanidad, y aseguró que los servicios se encuentran dentro de las capacidades y condiciones establecidas por el Estado.
En este contexto, confirmó que la SSC también revisa las denuncias presentadas por familiares de PPL sobre presuntas irregularidades y restricciones en el CERESO, y precisó que hasta el momento no se han acreditado conductas que ameriten una sanción contra el director del centro, Iván de la Torre.
El funcionario subrayó que la aplicación estricta de las normas no implica que la dependencia deje de atender posibles excesos o actuaciones indebidas del personal penitenciario.
“No se trata tampoco de solapar conductas indebidas, sino de tener ese balance entre la norma y lo que debe ser”, expresó, al señalar que las familias que consideren vulnerados sus derechos pueden presentar sus inconformidades ante la Unidad de Asuntos Internos para que cada caso sea revisado formalmente.
Perea Marrufo advirtió además que no habrá tolerancia a cobros indebidos ni a la utilización de las visitas como mecanismo para obtener beneficios económicos por parte de custodios o cualquier integrante del personal.
“Si alguno de los elementos de custodia empieza a cobrar dinero por permitir una visita, eso está prohibido y lo voy a sancionar”, afirmó.
Reconoció que se han presentado casos en los que alguna visita fue restringida y posteriormente restablecida tras analizar las circunstancias particulares, por lo que reiteró que la dependencia mantendrá abiertos los canales de comunicación con familiares y abogados.
El secretario sostuvo que el objetivo del Gobierno del Estado es garantizar que el CERESO opere bajo condiciones de seguridad, orden y protección sanitaria, sin dejar de investigar cualquier denuncia de abuso o actuación irregular y aplicar las sanciones correspondientes cuando existan elementos que acrediten una responsabilidad.
